La prescripción del derecho de la Administración a cobrar las costas procesales

Una vez practicada y aprobada la tasación de costas es cuando nace el derecho de crédito correspondiente y adquiere los efectos jurídicos que le son propios. En el caso de que el beneficiario de las costas sea la Administración, y se trate de un proceso contencioso-administrativo, debemos acudir al artículo 139.5 de la L29/1998. Éste determina que para la exacción de las costas procesales frente a particulares, la Administración hará uso del procedimiento de recaudación.

Surge, sin embargo, la cuestión de cuál es el plazo de prescripción de la deuda una vez ésta ha adquirido la efectividad. Si se entiende que es un ingreso de derecho privado, el plazo de prescripción será el general de 5 años, en virtud del artículo 1.964 del Código Civil (o 15 años, si la deuda es anterior a la reforma de la L42/2015). Si, por el contrario, se entiende que se trata de un ingreso de derecho público, el plazo será de cuatro años, bien por aplicación del artículo 15.1.b de la Ley General Presupuestaria o bien por el artículo 66 de la Ley General Tributaria.

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