El portazo “providencial” del Supremo: ¿motivación o desmotivación?

Tras la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que supuso la la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se alteró sustancialmente el régimen procesal del recurso de casación. Donde antes el Tribunal Supremo debía inadmitir el recurso mediante auto motivado por no concurrir los requisitos (artículo 93.4), ahora el artículo 90.3 recoge que la inadmisión adoptará la forma de:

  1. Auto motivado: en caso de que se alegue presunción de interés casacional objetivo, o en el caso de que, aun sin existir presunción, el tribunal a quo se haya pronunciado en favor de la admisión.
  2. Providencia: en todos los casos restantes.

Esto nos lleva a plantearnos la siempre acechante cuestión de la motivación, en relación con estas providencias, teniendo en cuenta que ésta será la forma que adoptarán, previsiblemente, la mayoría de resoluciones judiciales de inadmisión del recurso de casación.

Esta providencia de inadmisión, según el artículo 90.4, únicamente indicará si en el recurso de casación concurre una de estas circunstancias:

a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada; b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación; c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o d) carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

¿Implica ello la posibilidad de dejar inmotivadas la mayoría de resoluciones de inadmisión del recurso de casación?

Con carácter general, las providencias son susceptibles de motivación cuando así lo considere oportuno el Juzgador (artículo 248.1 LOPJ). No obstante, el trámite en cuestión está imbuido de un carácter decisivo respecto de la continuación del proceso, que excede el ámbito común de tales disposiciones, más orientadas a la ordenación del proceso. Tal carácter implica, según estimo, la transformación de la posibilidad de motivar en el deber de hacerlo.

No parece razonable, en definitiva, una interpretación en defensa de que tales disposiciones dan carta blanca para la inadmisión de los recursos de casación sin que resulte necesario una motivación, por mínima que sea.

En cuanto a la vía para corregir la falta de motivación, dado que la providencia no es susceptible de recurso alguno (en virtud del artículo 90.5), no quedará más remedio que bien pedir la aclaración de la resolución o bien interponer petición de nulidad de actuaciones, por vulneración del derecho a obtener una resolución judicial motivada como corolario del derecho a la tutela judicial efectiva.

No son ambas soluciones necesariamente alternativas. En mi opinión, la petición de aclaración debería ser susceptible de suspender el plazo para la interposición de la nulidad de actuaciones.

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