La inactividad de la Administración Pública tras el reconocimiento de la situación de dependencia ¿qué hacer?

Al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cientos de personas solicitaron (en su nombre o en representación de sus mayores) el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho al cobro de las prestaciones económicas.

En la mayoría de los casos la Administración reconoce la situación dependiente de los solicitantes y el derecho que tienen a cobrar una prestación para poder recibir los cuidados dentro del entorno familiar, constando incluso en el expediente administrativo la propuesta del plan individual de atención (PIA), que viene a ser un documento en que la Administración determina los servicios y prestaciones que le corresponden al dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido, pero la tramitación del procedimiento se congela cuando llega el momento de aprobar ese PIA y comenzar a efectuar los desembolsos, y sin la aprobación del PIA la ayuda no es efectiva.

El interesado se encuentra indefenso ante la inactividad de la Administración, sin poder disponer de la prestación económica y sin saber qué hacer (en la mayoría de los casos los beneficiarios llevan esperando una media de 3 años por su resolución).

En el caso de Galicia, el Decreto 15/2010, en su artículo 15 establece que “el procedimiento para la determinación del Programa Individual de Atención se resolverá en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la resolución del grado y nivel de dependencia”. 

Y, para el caso de que la Administración no resuelva en el plazo señalado, si bien el artículo 18 del Decreto 15/2010 establecía que el sentido del silencio administrativo era negativo (esto es, que la solicitud se entendía desestimada), el precepto ha sido declarado nulo (solamente en cuanto extiende el régimen del silencio negativo al procedimiento para la elaboración del programa individual de atención) por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia de 26 de octubre de 2011, habiendo sido confirmada en casación por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2012, resultando, en consecuencia, el sentido del silencio administrativo es positivo (esto es, que el interesado puede entender estimada su solicitud).

No obstante lo anterior, la Administración se resiste a pagar alegando, entre otros motivos, la prioridad de otros dependientes o la excepcionalidad de la prestación económica, es por ello que los beneficiarios de la prestación se ven obligados a acudir a la vía judicial contencioso-administrativa para hacer valer sus derechos económicos, y allí los jueces están corrigiendo a la Xunta de Galicia, en el sentido de que aunque la propuesta del PIA no haya llegado a ser aprobada por acto expreso, el transcurso de los plazos reglamentarios  establecidos  determina su aprobación por silencio administrativo positivo, reconociendo el derecho de los solicitantes al cobro de la prestación, más los intereses legales desde su reclamación.

En un claro ejemplo de inactividad de la Administración (pues raro es el caso en el que tanto el reconocimiento de la dependencia como del PIA y de la libranza se realizan en los plazos previstos en la legislación) resulta recomendable acudir a la jurisdicción contencioso-administrativo.

Quedamos a su disposición para facilitar cuanta información precisen.

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