La inactividad de la Administración Pública tras el reconocimiento de la situación de dependencia ¿qué hacer?

Al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cientos de personas solicitaron (en su nombre o en representación de sus mayores) el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho al cobro de las prestaciones económicas.

En la mayoría de los casos la Administración reconoce la situación dependiente de los solicitantes y el derecho que tienen a cobrar una prestación para poder recibir los cuidados dentro del entorno familiar, constando incluso en el expediente administrativo la propuesta del plan individual de atención (PIA), que viene a ser un documento en que la Administración determina los servicios y prestaciones que le corresponden al dependiente en función del grado y nivel de dependencia reconocido, pero la tramitación del procedimiento se congela cuando llega el momento de aprobar ese PIA y comenzar a efectuar los desembolsos, y sin la aprobación del PIA la ayuda no es efectiva.

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