El portazo “providencial” del Supremo: ¿motivación o desmotivación?

Tras la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que supuso la la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se alteró sustancialmente el régimen procesal del recurso de casación. Donde antes el Tribunal Supremo debía inadmitir el recurso mediante auto motivado por no concurrir los requisitos (artículo 93.4), ahora el artículo 90.3 recoge que la inadmisión adoptará la forma de:

  1. Auto motivado: en caso de que se alegue presunción de interés casacional objetivo, o en el caso de que, aun sin existir presunción, el tribunal a quo se haya pronunciado en favor de la admisión.
  2. Providencia: en todos los casos restantes.

Esto nos lleva a plantearnos la siempre acechante cuestión de la motivación, en relación con estas providencias, teniendo en cuenta que ésta será la forma que adoptarán, previsiblemente, la mayoría de resoluciones judiciales de inadmisión del recurso de casación.

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La prescripción del derecho de la Administración a cobrar las costas procesales

Una vez practicada y aprobada la tasación de costas es cuando nace el derecho de crédito correspondiente y adquiere los efectos jurídicos que le son propios. En el caso de que el beneficiario de las costas sea la Administración, y se trate de un proceso contencioso-administrativo, debemos acudir al artículo 139.5 de la L29/1998. Éste determina que para la exacción de las costas procesales frente a particulares, la Administración hará uso del procedimiento de recaudación.

Surge, sin embargo, la cuestión de cuál es el plazo de prescripción de la deuda una vez ésta ha adquirido la efectividad. Si se entiende que es un ingreso de derecho privado, el plazo de prescripción será el general de 5 años, en virtud del artículo 1.964 del Código Civil (o 15 años, si la deuda es anterior a la reforma de la L42/2015). Si, por el contrario, se entiende que se trata de un ingreso de derecho público, el plazo será de cuatro años, bien por aplicación del artículo 15.1.b de la Ley General Presupuestaria o bien por el artículo 66 de la Ley General Tributaria.

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